Indagaron y liberaron a los detenidos en la marcha universitaria en Congreso: qué delitos les imputan

Un día después de la manifestación realizada este jueves frente al Congreso de la Nación para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, los cuatro adultos detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires declararon ante la Justicia y luego recuperaron la libertad.

Se trata de tres hombres y una mujer que habían sido apresados junto a dos menores de edad en medio de los incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Este viernes, los cuatro adultos fueron imputados por atentado y resistencia a la autoridad, y daños, al ser indagados por el fiscal Santiago Almeida, de la Fiscalía de Flagrancia Este, y por la jueza Araceli Martínez.

Fuentes policiales confirmaron a Clarín que durante la manifestación aprehendieron además a dos adolescentes de 14 y 17 años sobre los que no se convalidó la detención.

Atentado y resistencia a la autoridad es un delito con penas previstas de un mes a un año, mientras que “daños” tiene una escala de 15 días a un año si es simple, y de tres meses a 4 años si es agravado.

Al disponer la libertad de los detenidos, la justicia les fijó una serie de medidas que deberán cumplir, entre ellas, no salir del país sin autorización previa, no acercarse a menos de 1000 metros del lugar de los hechos y comparecer una vez al mes ante la fiscalía.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Policía Federal Argentina (PFA) indicaron que esta fuerza detuvo además a 25 personas en cabeceras ferroviarias, que luego fueron liberadas, pero que la PFA no hizo detenciones en las inmediaciones del Congreso.

En paralelo, el ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, formalizó una denuncia y solicitó la intervención de la justicia federal para que investigue a las personas involucradas en los presuntos destrozos.

La presentación está firmada por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco del área normativa y de relaciones judiciales del Ministerio de Seguridad y le pide a la Justicia que investigue la comisión de los delitos de “resistencia y atentado a la autoridad agravado, lesiones agravadas y daño agravado”, enmarcados en los artículos 89, 92, 184, 237, 238 y 239 del Código Penal.

Para requerir la intervención del fuero federal argumentaron la “gravedad de los ataques dirigidos a las fuerzas de seguridad nacionales y en la afectación directa del funcionamiento del Poder Legislativo“.

La quinta movilización para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se desarrolló de forma pacífica y masiva, pero un pequeño un grupo de aproximadamente 50 personas atacó “la infraestructura y al personal de custodia mediante el lanzamiento de piedras y objetos contundentes”, dijeron en el Gobierno.

Los funcionarios solicitaron también que el Ministerio de Seguridad porteño identifique a los policías de la Ciudad que presenciaron los hechos o participaron de las detenciones. El objetivo es que sean convocados a declarar como testigos.

La reconstrucción de los incidentes incluiría imágenes de cámaras públicas y privadas del perímetro del Congreso.

Además, los funcionarios pidieron un relevamiento de daños materiales, con fotografías, informes técnicos e identificación de los bienes y sus titulares. Solicitó que se estime el perjuicio económico mediante informes de las autoridades nacionales y porteñas.

Durante los incidentes, las fuerzas de Seguridad usaron gases lacrimógenos contra los manifestantes y llegaron a afectar el escenario principal, donde el acto se desarrollaba con normalidad. De acuerdo a la información brindada por el Gobierno, ocho efectivos de fuerzas federales resultaron heridos.